AFACO - Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer A Coruña

Asóciate

No me puedo callar.

Hace escasamente tres años se aprobó una de las Leyes más importantes que ha
tenido este país en mucho tiempo, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como “Ley de
la Dependencia”. Tanto en sus procesos de gestación como durante los primeros
pasos dados después de su promulgación, las esperanzas de un muy amplio colectivo
de la población se han avivado, pero también la preocupación y la ansiedad porque
avanzara correctamente en su aplicación.

Hace escasamente tres años se aprobó una de las Leyes más importantes que ha
tenido este país en mucho tiempo, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como “Ley de
la Dependencia”. Tanto en sus procesos de gestación como durante los primeros
pasos dados después de su promulgación, las esperanzas de un muy amplio colectivo
de la población se han avivado, pero también la preocupación y la ansiedad porque
avanzara correctamente en su aplicación.

Hoy, tres años después de la entrada en vigor de la que estaba llamada a ser el
Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, surgen informaciones sobre el interés de alguna
Comunidad Autónoma de posponer la aplicación de la Ley argumentando motivos
económicos. Si este planteamiento llegara a realizarse no sólo estaríamos ante un
panorama de destrucción del Estado del Bienestar, sino que estaríamos asistiendo a
un proceso de discriminación social en el que los protagonistas serían ciudadanos de
primera, de segunda e, incluso, de tercera.

Nadie, absolutamente nadie elige ser dependiente; pero la realidad es que en estos
momentos en España hay más de 2 millones de personas, de las que unas 800.000
sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias que precisan de ayudas y
apoyos para poder desarrollar una vida digna. Precisamente la Ley de la Dependencia
se fraguó para dar respuesta a estas personas, independientemente de su lugar de
residencia garantizando la igualdad y la equidad en el acceso a los recursos. Pero,
¿qué pasa si mi madre dependiente ha vivido toda su vida en una Comunidad
Autónoma en la que sus dirigentes deciden suspender la aplicación de la Ley de la
Dependencia argumentando motivos económicos? ¿Por qué no ha de tener los
mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otra persona con las
mismas condiciones de dependencia que, por suerte, habite en otra Comunidad
Autónoma más seria?

Ante esta injusticia, no me puedo estar callado. La Ley de la Dependencia es una
norma estatal de aplicación autonómica; las Comunidades Autónomas son también
Estado, y su obligación es dar la cobertura suficiente y adecuada a sus ciudadanos, y,
para ello, han de ser capaces de optimizar y racionalizar los recursos disponibles. Creo
que no sirve de mucho argumentar motivos económicos para retrasar la implantación
de la Ley de la Dependencia cuando, día tras día, somos testigos de ingentes
dotaciones presupuestarias, que los gobiernos autonómicos dedican a otros asuntos
más materiales, más vistosos y muchas veces superfluos, pero con una presumible
mayor capacidad de atraer votos, que, seguramente podrían acometer de manera
similar con una contención de la inversión.

No me quiero callar. Y quiero apoyar a todas las personas susceptibles de acogerse a
los beneficios y recursos de la Ley de la Dependencia a que vean reconocidos sus
derechos y satisfechas, en la medida de lo posible, sus necesidades para poder
desarrollar sus vidas de la manera más digna posible, sin importar su sexo, edad,
condición social o lugar de residencia, porque para mí, igual que para la inmensa
mayoría de personas de bien, todas ellas son ciudadanos de primera, a pesar de que
en algunos puntos de la geografía española sus dirigentes se empeñen en lo
contrario.

Emilio Marmaneu Moliner Presidente de CEAFA

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